Los defensores del Pueblo de España se han unido para analizar, entre todos, la calidad de las urgencias hospitalarias. Y han elaborado un documento con 40 conclusiones genéricas, aplicables a todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida. La más destacada, la constatación de que la saturación de estos servicios aumentan el riesgo de error humano y, con él, crece la morbimortalidad. Es decir, los problemas médicos que pueden causar la muerte.
"Toda urgencia supone una necesidad grave, prioritaria, así que los servicios de urgencia tienen un mayor riesgo que los demás por definición», aseguró la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que calificó las urgencias hospitalarias de "un pilar del estado de bienestar". Recordó, además, que el grado de satisfacción de los ciudadanos con ellos es, por lo general, alto. Aun así, explicó, "necesitamos todos los medios para controlarlas".
Las urgencias, afirmó Becerril, representan la vía de entrada del 60% del total de ingresos hospitalarios del país. Casi 16 millones de un total de 26 millones en total. Y entre todos los defensores del pueblo de las distintas comunidades autónomas identificaron varias deficiencias. Si no comunes a todos, sí generalizadas.
Según Bartolomé José Martínez, del área de Sanidad de la Oficina del Defensor del Pueblo, "entre un 30 y un 40% de la carga de trabajo de las urgencias recae en médicos internos residentes. Y estos son residentes que no son de urgencias". Pasan por ahí, afirmó, "a foguearse", ya su presencia es aún más destacada en los turnos de fines de semana o de noche.
Por este motivo, y tras consultar a expertos, el documento reclama que se cree una especialidad médica de Urgencias, que en la actualidad no existe. "La presencia de profesionales experimentados no está garantizada", afirmó Javier Eneriz, defensor del Pueblo de Navarra. "Una especialidad, tanto médica como de enfermería, sería positivo para la calidad del servicio".
El estudio también encontró otras deficiencias, como la falta de espacios habilitados para tratar a pacientes con necesidades especiales. "La atención en las fases terminales requiere una actualización", pidió Jesús Maeztu, defensor del Pueblo en Andalucía. "Ahora no se garantiza ni una muerte digna ni el derecho al dueño de los familiares". También, recalcó, hace falta prestar más atención a otros colectivos vulnerables. Como los inmigrantes en situación irregular –que tienen que soportar unos trámites burocráticos que dificultan un tratamiento eficaz–, las personas en riesgo de exclusión, maltratadas, menores, o con problemas de salud mental. "Hacen falta profesionales especializados en estos colectivos, que atiendan sus necesidades y dispongan de recursos suficientes", apuntó Maeztu.
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